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Oferta laboral auxiliar administrativo

oferta de empleo

Gabinete de Gestión y Asesoría Empresarial precisa incorporar un/a auxiliar administrativo/a cuyas funciones consistirán en:

  • Atención telefónica
  • Control y archivo de documentación
  • Atención al cliente
  • Recepción y gestión de correos electrónicos
  • Gestión de reuniones del despacho y de citas con clientes
  • Soporte administrativo a otros departamentos
  • Gestión de incidencias con clientes
  • En general: funciones propias de secretariado y administración

Tipo de contrato: de duración determinada con opción a fijo, y a jornada completa.

Horario: L-J: 9:00-13:30 y 15:30-19:00; V: 8:00-15:00.

Ubicación: Inca (Illes Balears).

Requisitos mínimos:

  • Estudios: FP grado medio en administración y finanzas o secretariado
  • Experiencia: un año
  • Conocimientos:
    • Atención al cliente
    • Gestión
    • Documentación
    • Atención telefónica
    • Gestión de incidencias
    • Auxiliar administrativo
    • Idiomas: catalán y castellano, hablados y escritos

Se valorará:

  • Nociones de contabilidad
  • Inglés

Salario según Convenio.

Para presentar su candidatura puede dirigirse a la web de Infojobs, concretamente a este enlace, o bien contactar directamente con nosotros y le indicaremos cómo puede hacernos llegar su CV.

El Gobierno aprueba la reforma del alquiler y un índice de precios

alquiler turístico

El último Consejo de Ministros de la legislatura vino con un real decreto ley de reforma del mercado del alquiler (Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler). El nuevo texto incluyó prácticamente todas las medidas del decreto anterior (no convalidado), como el incremento en la duración de los contratos, a lo que se añade que la subida de las rentas anuales queda anclada al IPC o la creación de un índice de precios de la vivienda. El real decreto ley entró en vigor con la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) día 5 de marzo.

Reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU)

  • Se amplia el plazo de prórroga obligatoria de los contratos de alquiler de tres (3) a cinco (5) años, y se ampliará la prórroga tácita de uno (1) a tres (3) años para personas físicas, en el caso de que el arrendador o el arrendatario no manifiesten su voluntad de no renovarlo.
  • En el caso de que la parte arrendadora sea una persona jurídica serán siete (7) años de contrato obligatorio y tres (3) de tácito.
  • La subida de la renta anual estará ligada al IPC durante el tiempo que dure el contrato (5 años).
  • Se limita a dos (2) meses de renta las garantías adicionales a la fianza (un mes), salvo que se trate de contratos de larga duración.
  • Para poder resolver el contrato, una vez llegada la fecha de vencimiento del contrato o de cualquiera de sus prórrogas, y transcurridos como mínimo 5 años si el arrendador es persona física , o 7 años si fuera persona jurídica, el arrendador debe comunicar al inquilino, su voluntad de no renovarlo, con, al menos, cuatro (4) meses de antelación. Si es el inquilino el que quiere irse, debe avisar con dos (2) meses de antelación.
  • En caso contrario, el contrato se prorrogará obligatoriamente por plazos anuales hasta un máximo de tres años más, salvo que el inquilino manifieste al arrendador con un mes de antelación a la fecha de terminación de cualquiera de las anualidades, su voluntad de no renovar el contrato.
  • La potestad de recuperación de la vivienda por el propietario para resolver anticipadamente el contrato debe quedar recogida expresamente en el contrato –como que lo necesite para su vivienda habitual, de sus hijos o cónyuge si cambian las circunstancias familiares–.
  • El comprador de una vivienda en alquiler debe respetar el contrato vigente, esté o no inscrito en el Registro de la Propiedad.
  • Si hay acuerdo entre propietario e inquilino se podrán realizar obras de mejora de la vivienda sin necesidad de firmar un nuevo contrato.
  • Los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato irán a cargo del arrendador, siempre que sea una persona jurídica.

Índice estatal de referencia del alquiler de viviendas

Como novedad, se define un Índice estatal de referencia del alquiler de viviendas que, según afirman fuentes del Ministerio de Fomento, servirá a nivel informativo para que las CCAA puedan definir sus propios índices y aplicarlos para sus políticas de vivienda, enfocada a incentivos fiscales.

Este índice se establecerá en un plazo de ocho meses y lo publicará el Ministerio de Fomento. Contará con información de todos los estamentos: Agencia Tributaria, registradores, notarios, fianzas registradas, portales inmobiliarios, tendrá una temporalidad anual y detallará los precios por ciudades, distritos y barrios.

Estas mismas fuentes han descartado que la habilitación de este índice de precios suponga el primer paso para limitar el precio de los alquileres, ya que solo una normativa con rango de Ley podría modificar un derecho fundamental como es la propiedad privada.

Beneficios fiscales

  • Se habilita a los Ayuntamientos la posibilidad de establecer una bonificación de hasta el 95% en la cuota del IBI para las viviendas sujetas a alquiler a precio limitado. Es decir, se trata de una bonificación para el particular que cuenta con una vivienda de protección oficial y que decide ponerla en alquiler, pero a un precio limitado por el Ayuntamiento o la CCAA correspondiente.
  • Se establece la exención del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en la suscripción de contratos de arrendamiento de vivienda para uso estable y permanente. Es decir, se elimina el pago del ITP por parte del inquilino en cualquier CCAA.

Vivienda turística (reforma de la Ley sobre Propiedad Horizontal)

Se saca la vivienda turística de la regulación de la LAU al tratarse de una actividad económica, con lo que se reforma la Ley sobre Propiedad Horizontal para:

  • Por mayoría cualificada de tres quintas partes de los propietarios, las comunidades de vecinos pueden adoptar acuerdos que limiten o condicionen el ejercicio de la actividad del alquiler turístico de una vivienda, estableciendo la posibilidad de acordar una mayor contribución de estos al pago de los gastos generales (hasta un 20% más).

Desahucios (reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil)

  • Una vez el juez ordena el desahucio del inquilino, este debe avisar a los servicios sociales para que pueden actuar en caso de vulnerabilidad por parte del inquilino y hasta que se le busque una alternativa habitacional. El desahucio se interrumpirá por el plazo de un (1) mes si el propietario es un particular y se paralizará por el plazo de tres (3)  meses si se trata de una persona jurídica. 
  • Una vez el juez ordena la demanda de desahucio, debe comunicarlo a los servicios sociales de oficio con fecha y hora exacta del lanzamiento.
  • Por otro lado, y en cuanto a los alquileres de hogares en situación de vulnerabilidad, personas con discapacidad, menores de edad o mayores de 65 años, en caso de fallecimiento del titular del contrato, el arrendamiento se subrogará al resto de inquilinos de la vivienda.

Ha quedado fuera

A pesar de que parecía que iba a estar contemplada la puesta en marcha nuevas bonificaciones del IBI y la posible limitación de los precios por parte de Ayuntamientos y CCAA, el Gobierno descartó finalmente ambas posibilidades.

Fuente: https://www.idealista.com/news/inmobiliario/vivienda/2019/03/01/771894-el-gobierno-ultima-la-reforma-del-alquiler-y-crea-un-indice-de-rentas

Bonificación por la contratación laboral de personas desempleadas de larga duración

Plan Anual de Política de Empleo 2018

El Real Decreto-ley 8/2019, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo establece que las empresas que contraten de forma indefinida a personas desempleadas e inscritas en la oficina de empleo al menos doce meses en los dieciocho anteriores a la contratación, tendrán derecho a una bonificación durante tres años de 108,33 euros mes o 125 euros mes en caso de mujeres. Para ello deberán mantener al trabajador contratado durante tres años y el nivel de empleo alcanzado por la empresa durante dos años.

Registro de jornada

Registro de jornada

El Real Decreto-ley 8/2019, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo obliga a las empresas a realizar un Registro de Jornada para cada persona trabajadora tanto si presta sus servicios a jornada completa como a tiempo parcial. Este Registro deberá incluir el horario concreto de inicio y fin de jornada del trabajador. La empresa conservará estos registros de jornada durante cuatro años permaneciendo estos a disposición de las personas trabajadoras, de sus representantes legales y de la Inspección de Trabajo. Para implementar este Registro la empresa tiene un plazo de dos meses.

Permiso por nacimiento para progenitor distinto a la madre biológica

prestación por maternidad/paternidad

El Real Decreto-Ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y ocupación, ha modificado la duración del permiso por nacimiento para el progenitor distinto a la madre biológica.

El nacimiento de hijo que comprende el parto y el cuidado de menor de 12 meses, suspenderá el contrato de trabajo del progenitor distinto a la madre biológica durante 16 semanas. Las primeras 6 semanas inmediatas al parto se deberán disfrutar de formar ininterrumpida.

La duración de este permiso se incrementará de forma progresiva:

  • En 2019 la duración será de 8 semanas, las dos primeras semanas se disfrutarán de forma ininterrumpida e inmediatamente posterior a la fecha del nacimiento.
  • En 2020 la duración será de 12 semanas, las cuatro primeras semanas se disfrutarán de forma ininterrumpida e inmediatamente posterior a la fecha del nacimiento.
  • En 2021 la duración será de 16 semanas, las 6 primeras semanas se disfrutarán de forma ininterrumpida e inmediatamente posteriores a la fecha del nacimiento.

Durante este periodo de suspensión el progenitor será beneficiario de la prestación por nacimiento y cuidado de menor.

Actualidad del Tribunal Constitucional

Tribunal Constitucional

El TC declara que la ley 5/2018, que establece medidas rápidas para recuperar la vivienda ocupada ilegalmente, no vulnera el derecho a la inviolabilidad del domicilio ni a una vivienda digna.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso de inconstitucionalidad promovido por más de 50 diputados del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea en el Congreso de los Diputados, contra la Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación con la ocupación de viviendas ilegales.

Los recurrentes consideraban que la ley impugnada vulneraba, entre otros, el derecho a la inviolabilidad del domicilio y a disfrutar de una vivienda digna y adecuada porque hacían posible ejecutar un desalojo forzoso de la vivienda sin alternativa habitacional y sin permitir a los órganos judiciales valorar las concretas circunstancias concurrentes en cada caso.

La sentencia, de la que ha sido ponente el Magistrado Andrés Ollero, señala que “la decisión judicial de proceder al desalojo de los ocupantes que puede adoptarse en el proceso sumario para la recuperación de la posesión de la vivienda instituido por la Ley 5/2018 no constituye una violación del derecho a la inviolabilidad del domicilio garantizado”. “El juez es la autoridad competente para ordenar y reconducir situaciones contrarias a la norma sustantiva y su adecuación a ella, sin que puedan oponérsele circunstancias de hecho encaminadas a hacer posible la permanencia y consolidación de una situación ilícita, como es la ocupación ilegal de una vivienda”.

El Tribunal explica que el derecho a la elección de residencia no es un derecho absoluto que habilite a ocupar cualquier vivienda o espacio sino que tiene límites y debe ejercerse dentro del respeto a la ley, ya que “para habitar lícitamente en una vivienda es necesario disfrutar de algún derecho que habilite al sujeto para la realización de tal uso del bien en el que pretende establecerse”.

Por otra parte, la orden judicial de desalojo de los ocupantes de la vivienda no excluye en modo alguno que los poderes públicos deban atender a las situaciones de exclusión residencial que pudieran producirse, en particular, cuando afecten a personas especialmente vulnerables. La sentencia añade que, “la resolución judicial que ordene el desalojo de los ocupantes ilegales de la vivienda se ha de comunicar por el órgano judicial a los servicios públicos competentes en materia de política social, para que en el plazo de siete días puedan adoptar las medidas de protección que fueren procedentes, en orden a la situación de vulnerabilidad en que pudieran quedar los afectados por el lanzamiento, siempre que estos hubieran manifestado su consentimiento”.

Tampoco se vulnera el derecho a una vivienda digna y adecuada en la medida en que dicho precepto “no garantiza un derecho fundamental sino que enuncia un principio rector de la política social y económica”. De ahí que la regulación controvertida no puede, en ningún caso, contravenir el mandato del art. 10.2 de la Constitución de interpretar las normas relativas a los derechos y libertades conforme con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los acuerdos y tratados internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.

En este punto, el Tribunal recuerda que “la prohibición de desalojos forzosos a la que se refieren los instrumentos de Naciones Unidas, citados por los recurrentes, no se aplica a los desalojos efectuados legalmente y de manera compatible con las normas internacionales de derechos humanos, en particular las referidas al derecho a un proceso con las debidas garantías”. La sentencia concluye afirmando que la Ley 5/2018, aun siendo una norma procesal, no es ajena a la preocupación del legislador por hacer frente a las situaciones de especial vulnerabilidad social que puedan producirse como consecuencia del desalojo de viviendas judicialmente decretado. Además, “el legislador dispone de un amplio margen de apreciación para adoptar disposiciones en materia social y económica”.

El voto concurrente, formulado por la Magistrada María Luisa Balaguer, parte de la consideración de que el reconocimiento, el respeto y la protección de los principios rectores deben informar la legislación positiva, y, por tanto, condicionan la libertad del legislador; como deben informar también la práctica judicial, en la que no puede dejar de incluirse la jurisdicción constitucional. El parámetro de control para el Tribunal Constitucional es la Constitución, y, por lo tanto, también el art. 47 CE, y desde esta posición, desde la perspectiva de la garantía de plena eficacia de la totalidad del texto constitucional, también de los principios rectores que contiene, es desde donde debe formularse el juicio de constitucionalidad abstracto en el supuesto de la norma impugnada.

El hecho de que el art. 47 CE no haya sido considerado como un derecho fundamental en la Constitución, no lo convierte en un texto vacío de juridicidad, sino que es una norma con fuerza jurídica, cuyo nivel de coercibilidad no llega a la aplicación directa inmediata, pero si obliga al operador jurídico a formular un parámetro de constitucionalidad respecto de la norma cuya constitucionalidad enjuicia, en relación con las exigencias de un Estado social y democrático de derecho, que es el establecido en la Constitución.

Novedades en la declaración de la renta 2018 a presentar en 2019

Novedades en la Declaración de la Renta

En la campaña de este año, hay 8 cambios a tener en cuenta respecto a ejercicios anteriores:

Deducción por maternidad. Ha aumentado 1.000 euros en 2018 para aquellas contribuyentes que tengan gastos de custodia (alimentación, inscripción y matrícula en guardería) por cada hijo menor de 3 años. Hasta ahora la deducción era de 1.200 euros.

Exención de las retenciones por baja de maternidad. Tras la sentencia del Tribunal Supremo del pasado octubre, la prestación por maternidad está exenta de IRPF y no debe constar en la declaración. Además, es posible reclamar la devolución de estas retenciones desde el año 2014. Los contribuyentes que hubieran sufrido retenciones por las prestaciones de maternidad y paternidad de 2018 no deben realizar ningún trámite particular. Su declaración de la Renta de 2018, que se presenta en 2019, ya incorporará las prestaciones como rentas exentas y las retenciones soportadas serán deducibles, según informó el ministerio de Hacienda.

Reducciones por rendimientos de trabajo. Se eleva la reducción desde 3.700 a 5.565 euros para contribuyentes con salarios brutos anuales inferiores a 13.115 euros, frente a los 11.250 euros de 2017. Los que se encuentren entre 13.115 y 16.825 euros, pueden reducirse 5.565 euros menos el resultado de multiplicar por 1,5 la diferencia entre los rendimientos del trabajo y 13.115 euros.

Deducción por inversión en startups. Ha aumentado diez puntos, hasta un 30%, la deducción de los fondos que se dediquen a acciones o participaciones en nuevas empresas. El límite máximo a deducir también ha aumentado, desde 50.000 a 60.000 euros anuales.

Deducción por familia numerosa. Se incrementa hasta 600 euros anuales por cada hijo que supere el número mínimo para ser considerado familia numerosa, es decir, a partir del tercero. Además, esta deducción se ha abierto a cónyuges no separados legalmente con discapacidad, siempre que no tenga rentas anuales no exentas superiores a 8.000 euros. En este caso, la deducción podrá ser de hasta 1.200 euros anuales. Solo se podrán aplicar entre los meses de agosto a diciembre de 2018.

Deducción a familias residentes en territorio comunitario. Los miembros de familias que tengan su residencia fijada en uno de los 28 países miembros de la UE o en los 31 países miembros del Espacio Económico Europeo, para equiparar sus condiciones a las de las familias residentes en España, pueden presentar declaración familiar conjunta.

Deducción por rentas obtenidas en las Ciudades Autónomas. Los ingresos que se generen en Ceuta o Melilla disfrutarán en la Renta 2018 de una deducción del 60%. Podrán acogerse a esta ventaja tanto los residentes en estos territorios extrapeninsulares como quienes obtengan rentas en ellos.

Exenciones progresivas de los premios de Loterías y Apuestas. En los PGE de 2018 se aprobó ampliar el mínimo exento de los premios de la lotería y hacerlo de forma progresiva. En la Renta 2018 los premios de hasta 10.000 euros quedan exentos del IRPF.

Fuente: Business Insider.

Hacienda multa (mínimo 10.000 euros) las cuentas en el extranjero no declaradas

cuentas en el extranjero no declaradas

Leemos en La Vanguardia que la Agencia Tributaria avisará en la próxima campaña de la Renta a los contribuyentes que tienen abiertas cuentas en el extranjero de que las conoce. “Es consecuencia del intercambio automático de información financiera y fiscal que impulsó la OCDE por el que unos cincuenta países comparten información bancaria.”

Tienen que declararlas, usando el modelo 720, quienes sumando todas sus cuentas corrientes fuera de España sumen 50.000 euros. La obligatoriedad se inicia en el ejercicio 2013, para las cuentas de 2012. Las sanciones por falta de presentación son muy elevadas, de 5.000 euros por dato, con un mínimo de 10.000 euros. Por presentación fuera de plazo la multa es de 100 euros por dato con un mínimo de 1.500 euros. Y no se contempla la prescripción.

Para conocer más detalles, contacte con nuestro equipo de expertos.

Nueva forma de probar la venta a pérdidas de una casa

plusvalía

El Tribunal Supremo aprueba una nueva forma de probar la venta a pérdidas de una casa para evitar la plusvalía

El Tribunal Supremo ha declarado, según publica el portal Idealista,  que para acreditar la venta a pérdidas de una vivienda y evitar pagar la plusvalía municipal es posible aportar como prueba los valores de referencia que las comunidades autónomas publican en sus webs para declarar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) o el Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISyD).

Después de que se declarara inconstitucional cobrar la plusvalía municipal en aquellas ventas de viviendas a pérdidas, el Tribunal Supremo determinó que son los propios contribuyentes los que deben probar dicha venta a pérdidas. Y las formas de acreditarla son varias. Ahora, el alto tribunal ha añadido como medio de prueba los valores de referencia que cada comunidad autónoma publica en su página web, para declarar el ITP o el ISyD.

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